Derechos Humanos, nuestra Propuesta y Visiòn

Derechos Humanos

La educación en derechos humanos implica no sólo enseñar, y aprender los derechos humanos sino también vivir en pro de los derechos humanos;

su función primordial es dar a las personas los medios necesarios para defender sus propios derechos, y el de los demás. Ello constituye una importante inversión para el futuro que tiene como fin lograr una sociedad justa en la que se valoren y respeten los derechos humanos de todos.

A través de Gente de Primera se alienta a los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, Asociaciones de  profesionales, a todos los sectores de la sociedad civil y a los particulares, a establecer acuerdos de colaboración y a aunar sus esfuerzos en la educación de los derechos humanos, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas.

El disfrute de los derechos humanos es responsabilidad de todos nosotros y su logro depende exclusivamente de las aportaciones que cada uno esté  dispuesto a hacer.

Nuestra Visión en la Asamblea Nacional a partir de ser electo Diputado será:

Derecho a la Alimentación

                        1. Proponer, Desarrollar y Aprobar  políticas para disminuir la in­flación en los rubros alimenticios como parte de un plan general de compensación social frente a la aplicación de medidas económicas de carácter macroeconómico, garantizando su abastecimiento y acceso a todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

                        2. Instrumentar nuevas líneas de fortificación de alimentos, suplementación de nutrien­tes y formulación de nuevos alimentos es­tratégicos.

                        3. Incorporar en los programas de estudio del sistema de educación formal la Guía de Apoyo para la Formación de Hábitos Ali­mentarios Saludables.

                        4. Vigilar el cabal cumplimiento de la Ley de Protección a la Lactancia Materna.

                        5. Promover y agotar todos los mecanismos al alcance de la Asamblea Nacional para propiciar el diálogo entre el sector agroproductivo público y priva­do, a objeto que se impulse la producción nacional, y se disminuya la dependencia de las importaciones de alimentos.

Derecho al Ambiente Sano

                        1. Suministrar información oficial oportuna a objeto de facilitar la labor de contralo­ría de las organizaciones sociales y de las comunidades indígenas sobre los impactos al ambiente de los planes de desarrollocontenidos en el Plan Patria 2013-2019.

                        2. Fortalecer la capacidad del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para hacer una eficaz supervisión y control de las acti­vidades, reforzar los programas de control de contingencias, y capacitar al personal en temas de valoración, evaluación y ges­tión ambiental.

                        3. Desarrollar programas de gestión integra­da de los residuos sólidos, fortalecer las instituciones y procesos necesarios para hacer más eficiente la gestión de los dese­chos.

                        4. Definir un plan nacional ambiental de mi­tigación de los riesgos ante los efectos del cambio climático.

Derecho a la Educación

                        1. Aplicar los correctivos necesarios para fre­nar el descenso en la tasa de crecimiento de la educación inicial.

                        2. Mejorar las condiciones laborales y de profesionalización del cuerpo docente.

                        3. Impulsar un plan de construcción y man­tenimiento de la infraestructura física, ambiental y de seguridad de los planteles educativos, particularmente de educación primaria y media.

                        4. Incentivar y jerarquizar la carrera docente, fundamentalmente en aquellas disciplinas donde se diagnostiquen déficits. Elaborar sobre la base de investigaciones cualitati­vas realizadas en el país, un plan nacional de formación docente, con perspectiva de derechos humanos, para lograr que la edu­cación sea aceptable y adaptable a la diver­sidad social del país.

                        5. Garantizar la publicación y acceso a los informes de gestión del Ministerio de Edu­cación, así como de los diferentes indica­dores las políticas públicas desarrolladas en el área, lo cual puede convertirse en un ejercicio pedagógico para un mayor invo­lucramiento de la comunidad mediante el ejercicio de la contraloría social.

Derechos Laborales

                        1. Respetar el derecho a la contratación co­lectiva mediante la activación, discusión y firma de las convenciones colectivas ven­cidas principalmente en las instituciones y empresas del Estado.

2. Respetar plenamente el derecho a la liber­tad sindical, poniendo fin a las medidas administrativas y judiciales que la obsta­culizan.

3. Garantizar el cumplimiento de la Ley Or­gánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), especialmente por parte de los organismos y empresas del Estado, en materias tales como: La indem­nización por despido, el pago de prestacio­nes sociales y la incorporación del perso­nal tercerizado a nómina fija.

4.Reconocimiento del mecanismo de diá­logo social tripartito entre trabajadores, trabajadoras, entes empleadores del sector público y privado, y el Estado, establecido por la Organización Internacional del Tra­bajo (OIT), en temas como la fijación del salario mínimo y el diseño de las política públicas laborales, especialmente para mi­tigar la pérdida del poder adquisitivo del salario real, adoptando medidas eficaces para el control de la inflación.

5.Investigar de manera pronta, eficaz y trans­parente los asesinatos de sindicalistas, tra­bajadoras y trabajadores a manos del sica­riato o con motivo de hechos de violencia asociados a la actividad sindical, así como determinar a los culpables e imponer san­ciones a sus responsables.

Derecho a la Salud

                        1. Aumentar el porcentaje del PIB destinado al sector salud y garantizar un presupuesto adecuado para fortalecer el sistema públi­co de salud.

                        2. Mejorar las condiciones laborales y de profesionalización de los distintos gremios que integran el sector salud, garantizar un salario digno y otros beneficios sociales a los profesionales y técnicos de la salud sin discriminación de ninguna especie, e ini­ciar con estos la discusión de sus contra­taciones colectivas vencidas y el cumpli­miento de las vigentes.

                        3. Impulsar un plan de expansión, recupera­ción y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria nacional, y ampliar la cober­tura y prestación de servicios de la Misión Barrio Adentro, y del sistema hospitalario nacional, para fortalecer el enfoque inte­gral de atención pública en salud.

                        4. Convocar a un amplio diálogo con todos los actores del sector salud a fin de concer­tar un proceso de integración democrática y descentralizada del Sistema Público Na­cional de Salud.

                        5. Desarrollar planes de prevención, vacuna­ción, tratamiento, control de enfermeda­des, así como el abastecimiento y acceso a medicamentos. Asimismo, divulgar opor­tunamente los Boletines Epidemio-lógicos del MPPS.

Derecho a la Seguridad Social

                        1. Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participa­ción de los sectores interesados, apro­bando definitivamente las leyes que re­gularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

                        2. Promover la implementación y funcio­namiento de la institucionalidad del Sis­tema Nacional de Seguridad Social.

                        3. Fiscalizar que los entes públicos sol­venten la alta morosidad que tienen con el IVSS.

                        4. Continuar con la política de ampliar la universalidad de la cobertura del siste­ma de pensiones hasta cubrir a todas las mujeres y hombres mayores de 55 y 60 años de edad, respectivamente.

Derecho a la Tierra

                        1. Convocar a una Mesa de Diálogo Nacional Agropecuaria, que incluya a todos los sec­tores involucrados (campesinos, produc­tores pequeños y medianos; la agroindus­tria, los gremios empresariales, facultades de agronomía, expertos ambientalistas y agrícolas, y los organismos públicos invo­lucrados en la gestión de la política agra­ria) para analizar y evaluar los resultados e impactos de la acción gubernamental, con miras a lograr consensos que contribuyan al desarrollo rural integral.

                        2. Garantizar la transparencia y el cumpli­miento del debido proceso en los casos de rescate y regularización de tierras, y la indemnización oportuna de las tierras expropiadas.

                        3. Estimular y apoyar a los productores de aquellos rubros agrícolas necesarios para garantizar la seguridad alimentaria de la población, estableciendo un sistema de apoyo y supervisión técnica, y otorga­miento de créditos con control y acom­pañamiento para pequeños productores y cooperativas a partir de las experiencias exitosas existentes en este campo, limitan­do progresivamente las importaciones de alimentos a lo estrictamente necesario para abastecer el consumo nacional.

4.Paralizar la implementación de la propues­ta de crear “milicias campesinas”, “cuer­pos campesinos combatientes” o cualquier otra organización similar, por ser contraria a los principios constitucionales y legales que garantizan la exclusividad del Estado en la garantía del derecho humano a la se­guridad, en este caso de la vida, integridad y seguridad de los campesinos afectados por la violencia.

5.Asegurar que el Ministerio Público acelere las investigaciones de los asesinatos y vio­laciones a los derechos humanos denun­ciados por las organizaciones campesinas; y que garantice la no criminaliza-ción del movimiento campesino involucrado en el proceso de rescate de tierras y lucha contra el latifundio.

Derecho a la Vivienda

                        1. Incorporar a todos los sectores, incluyendo especialmente a las comunidades sin vivien­da, en el diseño y ejecución de las políticas de la Gran Misión Vivienda Venezuela con objetivos definidos y consensuados para el corto, mediano y largo plazo.

                        2. Jerarquizar la reubicación de las familias que viven en zonas de alto riesgo y crear un plan nacional de mitigación de los efectos del cambio climático.

                        3. Fiscalizar la correcta aplicación de la Ley de Refugios Dignos, asegurando el disfrute de los derechos humanos a las personas ha­bitantes de los mismos.

                        4. Colocar toda la información relativa a la Gran Misión Vivienda Venezuela como de acceso público, permitiendo la contraloría social de los proyectos habitacionales y el proceso de adjudicación de las viviendas.

                        5.Garantizar que los proyectos de vivienda ejecutados por el sector público y privado, cumplan con condiciones de habitabilidad en cuanto a la calidad de los materiales em­pleados para su construcción, y a la disponi­bilidad de servicios públicos de agua pota­ble, aguas servidas, transporte, electricidad.

Derechos Civiles y Políticos

Derecho al Asilo y Refugio

                        1. Continuar fortaleciendo la Comisión Na­cional para los Refugiados para que ésta agilice el trámite de la documentación que acredita a los solicitantes de refugio como refugiados.

                        2. Diseñar y ejecutar planes integrales de desarrollo en los estados fronterizos, con participación de la población local y de la población en condiciones de refugio, para elevar las condiciones de vida y la integra­ción de toda la población.

                        3. Respetar el derecho a asilo y refugio abste­niéndose de adoptar medidas que violenten el principio de no devolución y garantizar el debido proceso en los casos de solicitu­des de devolución por parte de los Estados.

                        4. Ejecutar planes de seguridad integral en las zonas fronterizas, con una perspectiva garantista de los derechos humanos que priorice la seguridad de las personas y sus bienes y prevenga toda clase de violencia en contra de la población, en particular de los grupos más vulnerables.

Derecho a la Integridad Personal

                        1. Crear un programa nacional descentra­lizado para la rehabilitación integral de víctimas de tortura y la creación de un Fondo Nacional de Indemnización, e im­plementar un programa de capacitación a funcionarios de la Medicatura Forense en la identificación de signos de tortura y su documentación.

2.Velar por el estricto cumplimiento de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sancionando a los funcio­narios que incurran en los delitos allí tipi­ficados.

3.Discutir y aprobar el Reglamento de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, garantizando que el mismo no desmonte los avances de la ley.

4.Garantizar la publicación de estadísticas públicas específicas y desagregadas por tipo de delito, ubicación geográfica, carac­terización de la víctima y de los victima­rios, por parte de las instituciones guber­namentales.

Derecho a la Justicia

                        1. Garantizar la independencia del Poder judicial, preservando la autonomía en la toma de decisiones judiciales que afecten a las altas autoridades del Estado, así como la autonomía presupuestaria.

                        2. Cumplir con la normativa constitucional referente a la organización de concursos públicos de oposición para la designación de jueces y juezas, y de los procesos de destitución para fortalecer la independen­cia del Poder Judicial.

                        3. Desarrollar políticas e implementar medi­das urgentes para garantizar el acceso a la justicia y adoptar medidas para la disminu­ción del retardo procesal y para la adminis­tración pronta y oportuna de los mecanis­mos de administración de justicia.

                        4. Revertir el retiro de las competencias de la Corte Interamericana de los Derechos Hu­manos, dando efectivo cumplimiento a sus decisiones.

                        5. Realizar las actuaciones necesarias para prevenir y erradicar la impunidad, espe­cialmente en los casos en que miembros de los cuerpos armados del Estado se encuen­tran involucrados en delitos.

Derecho a la libertad de expresión e información

                        1. Desarrollar una política democrática y transparente de asignación de frecuencias de radio y televisión, con la cual se garanti­ce que la ciudadanía acceda a información plural.

                        2. Promover una política de Estado que garan­tice el acceso a la información de carácter público a todas las personas de forma opor­tuna y adecuada. Esta política debe incluir una campaña de sensibiliza-ción para la ciu­dadanía y el funcionariado sobre el derecho humano a la información.

                        3. Eliminar la legislación que contempla el vilipendio y la difamación como delitos pe­nales y legislar para que las sanciones por los abusos en materia de opinión sean de carácter civil.

                        4. Continuar con la promoción del periodismo ciudadano a través de políticas públicas di­rigidas a garantizar la igualdad de oportuni­dades para todas las expresiones de pensa­miento y que las líneas informativas de los medios comunitarios gocen de autonomía editorial frente al gobierno de turno.

                        5. Promover una política de Estado que garan­tice el ejercicio de la labor periodística en un ambiente libre de amenazas y violencia.

Derecho a la libertad personal

                        1. Descartar la realización por parte de los organismos de seguridad, en especial Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos policiales, de operativos de seguridad bajo la modalidad “redada” o “madrugonazos”, las cuales producen detenciones masivas y arbitrarias de ciudadanos inocentes.

                        2. Tomar las medidas necesarias para garan­tizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad en los retenes y otras dependencias administrativas asegurando que las personas no permanezcan más de 48 horas detenidas en sus instalaciones.

                        3. Garantizar la efectividad del habeas cor­pus y sancionar adecuadamente a las au­toridades que no cumplan con el mandato judicial.

                        4. Investigar y sancionar los casos de desa­parición forzada y cumplir sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma­nos sobre caso desaparecidos de Vargas.

Derecho a la manifestación pacifica

       1. Garantizar el cumplimiento por parte de los organismos de seguridad del artículo 68 de la Constitución el cual prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas.

                           2. Establecer responsabilidades penales y ad­ministrativas a aquellos funcionarios que han incurrido en el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifesta­ciones pacíficas.

       3. Garantizar la seguridad y la protección a la integridad personal de quienes participen en manifestaciones pacificas, sin discrimi­nación de ningún tipo.

       4. Garantizar igualdad de trato y no discrimi­nación para la realización de concentracio­nes y movilizaciones, eliminando las nor­mativas que establecen la necesidad que las manifestaciones pacíficas cuenten con el aval o permiso de las autoridades. 

           5. Derogar las normas contenidas en distintos instrumentos legales orientadas a crimina­lizar la protesta social.

Derecho a la Participación

                         

                        1. Los funcionarios públicos deben garanti­zar el derecho a la participación sin nin­gún tipo de discriminación de todas las personas en todos los ámbitos de la fun­ción pública.

                        2. Hacer cumplir el marco legal especifican­do las limitaciones de los funcionarios públicos para participar en actividades proselitistas.

                        3. El órgano electoral debe garantizar la equidad en campañas electorales, penali­zando el ventajismo.

                        4. Eliminar de las leyes la obligatoriedad y condicionamiento de participación a la construc-ción de un Estado Comunal ya que contraría los principios y preceptos de la CRBV y crea una modificación y alteración medular que atenta contra la estabilidad y mantenimiento del estado de Derecho y el sistema democrático vene­zolano.

                        5. Revisar y modificar la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodetermina­ción Nacional ya que criminaliza y atenta contra el derecho a la participación polí­tica y social al catalogar cualquier acti­vidad política de lo/as ciudadanos como inherente a los partidos políticos.

Derecho a la Seguridad Ciudadana

                 1. Asegurar que los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad ciu­dadana sean de carácter civil, con una ade­cuada formación profesional y en derechos humanos.

    2. Diseñar de manera participativa programas de prevención en comunidades y focaliza­dos en población especialmente vulnerable a la violencia homicida. 

      3. Crear de un sistema de información pú­blico sobre las estadísticas referentes a la situación de criminalidad y violencia en el país.

      4.Investigar y sancionar a los funcionarios policiales y militares que hayan incurrido en violaciónes al derecho a la vida o a la integridad personal en el marco de operati­vos contra la inseguridad.

Derechos de las personas privadas de libertad

                        1. Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil en cantidad suficiente de acuerdo al número de personas privadas de libertad y debida­mente capacitado, que garantice la vida e integridad de las personas, respetando y salvaguardando sus derechos humanos.

                        2. Implementar planes para lograr el desarme de la población recluida a nivel nacional, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justi­cia, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio Público y la Defen­soría del Pueblo, entre otros organismos que puedan coadyuvar en el desarme de la población.

                        3. Concretar la construcción y activación de los nuevos establecimientos penitenciarios previstos, con personal y recursos suficien­tes para atender a la población que se en­cuentra privada de libertad.

                        4. Garantizar a las ONG de derechos huma­nos, organizaciones religiosas y volunta­ríos, el libre acceso a los centros peniten­ciarios, con la finalidad de desarrollar sus actividades de atención a las personas pri­vadas de libertad y participar de aquellas que el Estado promueva con el mismo fin.

                        5. Garantizar el castigo oportuno a los fun­cionarios civiles y militares involucrados en delitos de torturas, tratos o penas crue­les inhumanas o degradantes, así como en delitos vinculados al tráfico de drogas y armas a la población que se encuentra pri­vada de libertad.

Derecho a la vida

                        1. Crear políticas públicas dirigidas a preve­nir y tratar  los casos de violación al dere­cho a la vida.

                        2. Abrir una averiguación sobre los casos de muertes en enfrentamientos para proceder a la ejecución de las medidas judiciales perti­nentes y así adoptar las acciones necesarias para evitar este tipo de fallecimientos.

                        3. Afrontar la impunidad de las violaciones al derecho a la vida con iniciativas conjuntas del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, que permitan acele­rar las investigaciones y el desarrollo de los juicios para sancionar a los responsables.

                        4. Consolidar la iniciativa del Ministerio Pú­blico de proseguir la ampliación de uni­dades criminalísticas a nivel nacional con el Plan de Seguimiento de Casos sobre Violaciones de Derechos Fundamentales, y reactivar la publicación de estadísticas interrumpidas a partir del 2008.

5. Mantener una vigilancia estricta sobre la actuación de los funcionarios policiales, de seguridad y de la Fuerza Armada Na­cional, creando conciencia del respeto ab­soluto al derecho a la vida y la magnitud de las ejecuciones acaecidas en el país en el pasado reciente.

CONCLUSION

Le agradecemos que halla tomado el tiempo para leer este artículo del Blog GENTE DE PRIMERA, eso nos hace pensar que sí, le interesa la propuesta que estamos presentado a los portugueseseños, en especial a los residentes de Acarigua, Agua Blanca y San Rafael de Onoto, a quienes esperamos Dios mediante representar como Diputado a la Asamblea Nacional en las próximas elecciones del 2015.

OBSEQUIO DE FIN DE AÑO

Tenemos la disposición de enviarle por correo certificado a su hogar, un calendario del 2015, si usted así lo solicita a nuestro email: juliocesar70000@yahoo.com colocándonos su nombre, apellido, No. Cedula y teléfono, que son los requisitos que nos exige IPOSTEL, para enviar los almanaques o calendarios semejantes a estos: