El Secuestro de un país

El espacio marítimo de Venezuela es el área que se extiende desde sus costas hacia el mar, hasta los límites establecidos por la legislación internacional. Dicha área está compuesta por el mar adyacente a las costas continentales venezolanas y de sus islas, así como también el lecho y subsuelo de sus áreas marinas, sus recursos vivos y minerales y sobre su espacio aéreo marino, sobre el cual Venezuela ejerce soberanía en distintos grados: aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo de la plataforma continental.

Venezuela posee una superficie continental e insular de 916.445 km², de los cuales 915.169 km² corresponden al territorio continental y 1.276 km² a los territorios insulares.¹ lo que no incluye 98.500 km² de plataforma continental,² espacio geográfico incorporado por primera vez al territorio nacional en la Constitución del 23 de enero de 1961.

Recientemente un diputado de la Asamblea Nacional venezolana, solicitó en una plenaria (A.N.), una investigación e interpelación de un ministro del gabinete ejecutivo  para conocer que estaba haciéndo el gobierno venezolano con respecto a las pretensiones del gobierno de Guyana de extraer petróleo de la plataforma continental venezolana. Dicha solicitud fue negada por la bancada oficialista (PSUV), primero por tratarse de la propuesta de un diputado No-Oficialista, segundo porque los temas de interés nacional, lo maneja el Presidente Nicolás Maduro al estilo de un fundo personal como si fuese Juan Vicente Gómez.

 

La nación venezolana sí se encuentra bajo la amenaza de perder parte de su territorio, situación que no es nueva, pero que hoy en día es más vulnerable, motivado a las maniobras políticas que hacen los personeros del gobierno por mantenerse en el poder, lo cual crea una inestabilidad a la hora de ejercer soberanía en las areas más alejadas de la capital venezolana. 

Guyana desde hace varios años ha sido hábil en su relación con Venezuela, primero recibiendo beneficios económicos por parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través de convenios como Petrocaribe y otros, luego al ir poco a poco, usufructuando parte del territorio en Reclamación, asunto que viola la normativa establecida legalmente, puesto que se estableció en acuerdos firmados en la Haya, que no podía hacer uso del Territorio en Reclamación como parte de su territorio nacional hasta no finiquitar o concluir las conversaciones bilaterales de buena voluntad. 

El hecho de Guyana ceder parte del territorio en Reclamación venezolano para la instalación de una base  aeroespacial, y la muy baha protesta del gobierno venezolano, ha contribuido a que en esta oportunidad una importante petrolera británica, se encuentre en el presente realizando labores de exploración petrolera en aguas venezolanas, partiendo de un errónea principio de la plataforma continental guyanesa.

Un poco de historia respecto a esto ayudará a entender.

En 1835 el Gobierno británico asignó a Robert Hermann Schomburgk la tarea de demarcar el límite occidental de la Guayana Británica con la ahora independiente Venezuela. Venezuela no aceptó la línea Schomburgk, que colocó toda la cuenca del río Cuyuní dentro de la colonia. Venezuela reclamó todas las tierras al oeste del río Esequibo como su territorio, en base a los límites de la Gran Colombia y los de la Capitanía General de Venezuela, derechos de los que es heredera de acuerdo al principio del Uti possidetis iure.

En 1897, el presidente de EE. UU. Grover Cleveland, utilizó la presión diplomática para que las partes aceptaran un arbitraje, el tribunal de arbitraje se reunió en París en 1898 sin representación de ningún venezolano, y emitió su laudo de 1899. El tribunal adjudicó alrededor del 94% por ciento del territorio en disputa a los británicos. Venezuela denunciaría años después el resultado del mismo como el producto sesgado de un acuerdo entre Rusia y el Reino Unido , decisión que además contenía vicios que lo harían totalmente nulo, entre ellos, exceso de poder (ver Ultra petita).

La cuestión se mantuvo de bajo perfil hasta 1962, cuando Venezuela renovó su reclamación, alegando que el laudo arbitral no era válido, y lo declaró nulo e írrito ante la máxima instancia internacional de la ONU, en vísperas del hallazgo de documentación encontrada tras la muerte de uno de los jueces que demostró como supuestamente la decisión del Tribunal Arbitral de 1899 estaba viciada de nulidad. El gobierno británico rechazó la alegación, afirmando la validez de la adjudicación de 1899. El Gobierno de Guayana Británica y, luego, bajo el liderazgo del PPP, también rechazó enérgicamente esta afirmación. No obstante, la contención venezolana fue admitida lo con conllevó a la firma del Acuerdo de Ginebra el 27 de febrero de 1966 entre Venezuela y el Reino Unido, en consulta del Gobierno local de su Guayana Británica (próxima a recibir la independencia), donde se reconoce la controversia territorial al oeste del río Esequibo.

El 26 de marzo 1966, cuando Guyana recibe la independencia de sus colonos, Venezuela reconoce al nuevo país pero sólo en su parte al este del río Esequibo, en concordancia a lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y que a partir de entonces lo sucedería la Guyana independiente para encontrar una solución satisfactoria para un arreglo práctico para ambas partes.

Adicionalmente, el 12 de octubre de ese mismo año, Venezuela ocupa la isla Anacoco, hecho que fue interpretado por la naciente Guyana como un acto de anexión y hostigamiento por parte del país vecino dado que consideraba que la parte oriental de la isla fluvial era parte de su territorio. Sin embargo, según Venezuela, la isla no estaba incluida dentro del área en disputa de la Guayana Esequiba (bajo administración guyanesa hasta que no se dilucide la controversia) por lo que siempre ha estado en posesión de ella.

Los esfuerzos realizados por todas las partes en cuestión para resolver el conflicto en la víspera de la independencia de Guyana en 1966 fracasaron. En la actualidad la disputa continúa sin resolverse, y está en manos de un delegado del Secretario General de las Naciones Unidas.

Como conclusión los nuevos diputados (2015) de la Asamblea Nacional les corresponderá defender legalmente la totalidad del territorio venezolano y recordar a los venezolanos que Rusia, no ha sido tan leal a Venezuela, como para que se gaste en ese país tantos miles de millones de dólares en compra de armas.

Para Contacto: juliocesar70000@yahoo.com  

A propósito de la próxima cumbre de Panamá 2015

Un análisis en retrospectiva de las decisiones de nuestros presidentes latinoamericanos

 

       Afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten comunicar nuestra opinión y punto de vista personal respecto a las decisiones de nuestros presidentes y las consecuencias que experimentamos los ciudadanos y nuestros hijos. Por esta razón expondré aquí la preocupación que me causa, el descubrir como ha venido avanzando desde hace varios años, el financiamiento de los grupos islámicos en las campañas políticas de nuestros presidentes.

       El financiamiento de candidatos y partidos políticos en sí no lo considero negativo, lo perjudicial viene a ser el compromiso tácito que adquiere el gobernante por haber recibido financiamiento económico y que más adelante, es retribuido con: contratos de obras por asignación directa, nacionalización de extranjeros, que no reunen los requisitos ó peor aún, exoneración de consecuencias judiciales de delitos, por injerencia de los gobernantes en las decisiones de los jueces y tribunales. 

       Desde 1989 en Argentina se ha denunciado el financiamiento de la campaña del ex-presidente Carlos  Menen, por grupos islámicos. Seguramente no ha sido el único, pero sí quizás uno de los primeros, lo cual influyó para que los posteriores presidentes sucumbieran a la tentación de aceptar dinero para sus campañas electorales.

       El lector de este artículo quizás dirá, que no solo los grupos islámicos, han financiado campañas eñlectorales en Argentina, también desde Venezuela el presidente Hugo Chávez, tuvo injerencia en las elecciones de ese país, a través de miles de dólares que hacía llegar a la presidenta Cristina kirchner para su campaña electoral, algo que tuvo mucho revuelo en Argentina, pero ninguna sanción, ni investigación en Venezuela. Precísamente para esto sirve un Congreso ó Asamblea Nacional, dominado por una mayoría oficialista, que esconde los delitos del Poder Ejecutivo (Presidente y Ministros).

       Mi creciente preocupación se fundamenta en los comprobados hechos del atentado a la sede mutualista judía en Argentina, perpetrada por agentes iraníes, a los cuales no se les castigó con la justicia argentina, presuntamente por protección de la presidenta Cristina kirchner. La denuncia del fiscal argentino Alberto Nisman, recien fallecido o asesinado, apuntaba en esta dirección y su desaparición violenta lanza una cortina de mayor sospecha sobre el financiamiento de grupos islámicos fundamentalistas, que tratan de generar violencia hacia los ciudadanos judíos en América Latina.

       Venezuela, siempre se ha caracterizado por ser hospitalaria, solidaria y respetar a todos los ciudadanos extranjeros y nacionales. De unos años al presente, esta práctica ha cambiado, por lo menos a nivel de política del gobierno de turno, en ofender a la nación, ciudadanos y el gobierno de Israel, hasta el punto de expulsar al embajador de Israel en Venezuela. Que recordemos no ha ocurrido, en ningún otro momento con ningún otro embajador.  

       Como venezolanos, debemos solidarizarnos con las que en realidad son las víctimas de hechos de violencia, no con los perpetradores de hechos terroristas.

       Los medios oficialistas venezolanos se han encargado de manipular las noticias que ocurren, para engañar y maquillar sus acciones, ó los de sus aliados (Irán, Siria, Libia, Palestina), quizás por falta de una autoestima sana, por un profundo sentimiento de inferioridad y un antinacionalismo solapado.

       Somos maltratando los venezolanos y extranjeros, por el simple hecho de ser de oposición. Los políticos, estudiantes y el ciudadano común y corriente, por manifestar y expresar  desacuerdo con la mala forma de administrar los recursos económicos de la nación se nos persigue, encarcela ó se nos abre procesos judiciales ó difamatorios, buscando el descrédito y el escarnio de la población.

       Los presidentes latinoamericanos deben darse cuenta de la realidad del gobierno venezolano, ya pasó de la retórica a la práctica. Instrumentar una ley que permite el porte y uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es un hecho público y notorio, que estamos seguros la Organización de los Estados Americanos (OEA) está en conocimiento, pero le resta importancia porque hasta el presente no ha ocurrido un hecho que lamentar, de llegar a suceder, de muy poco servirán sus declaraciones de rechazo y repudio, cuando hicieron poco ó nada para impedirlo.  

       No nos queda más, que pedir la solidaridad y colaboración de los ciudadanos y hermanos del continente, que organizados presionen a sus gobernantes, con manifestaciones pacíficas para lograr que los Venezolanos volvamos a vivir en un territorio de Progreso, Paz y Prosperidad.