martes, 7 de abril de 2015

A propósito de la próxima cumbre de Panamá 2015

Un análisis en retrospectiva de las decisiones de nuestros presidentes latinoamericanos

 

       Afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten comunicar nuestra opinión y punto de vista personal respecto a las decisiones de nuestros presidentes y las consecuencias que experimentamos los ciudadanos y nuestros hijos. Por esta razón expondré aquí la preocupación que me causa, el descubrir como ha venido avanzando desde hace varios años, el financiamiento de los grupos islámicos en las campañas políticas de nuestros presidentes.

       El financiamiento de candidatos y partidos políticos en sí no lo considero negativo, lo perjudicial viene a ser el compromiso tácito que adquiere el gobernante por haber recibido financiamiento económico y que más adelante, es retribuido con: contratos de obras por asignación directa, nacionalización de extranjeros, que no reunen los requisitos ó peor aún, exoneración de consecuencias judiciales de delitos, por injerencia de los gobernantes en las decisiones de los jueces y tribunales. 

       Desde 1989 en Argentina se ha denunciado el financiamiento de la campaña del ex-presidente Carlos  Menen, por grupos islámicos. Seguramente no ha sido el único, pero sí quizás uno de los primeros, lo cual influyó para que los posteriores presidentes sucumbieran a la tentación de aceptar dinero para sus campañas electorales.

       El lector de este artículo quizás dirá, que no solo los grupos islámicos, han financiado campañas eñlectorales en Argentina, también desde Venezuela el presidente Hugo Chávez, tuvo injerencia en las elecciones de ese país, a través de miles de dólares que hacía llegar a la presidenta Cristina kirchner para su campaña electoral, algo que tuvo mucho revuelo en Argentina, pero ninguna sanción, ni investigación en Venezuela. Precísamente para esto sirve un Congreso ó Asamblea Nacional, dominado por una mayoría oficialista, que esconde los delitos del Poder Ejecutivo (Presidente y Ministros).

       Mi creciente preocupación se fundamenta en los comprobados hechos del atentado a la sede mutualista judía en Argentina, perpetrada por agentes iraníes, a los cuales no se les castigó con la justicia argentina, presuntamente por protección de la presidenta Cristina kirchner. La denuncia del fiscal argentino Alberto Nisman, recien fallecido o asesinado, apuntaba en esta dirección y su desaparición violenta lanza una cortina de mayor sospecha sobre el financiamiento de grupos islámicos fundamentalistas, que tratan de generar violencia hacia los ciudadanos judíos en América Latina.

       Venezuela, siempre se ha caracterizado por ser hospitalaria, solidaria y respetar a todos los ciudadanos extranjeros y nacionales. De unos años al presente, esta práctica ha cambiado, por lo menos a nivel de política del gobierno de turno, en ofender a la nación, ciudadanos y el gobierno de Israel, hasta el punto de expulsar al embajador de Israel en Venezuela. Que recordemos no ha ocurrido, en ningún otro momento con ningún otro embajador.  

       Como venezolanos, debemos solidarizarnos con las que en realidad son las víctimas de hechos de violencia, no con los perpetradores de hechos terroristas.

       Los medios oficialistas venezolanos se han encargado de manipular las noticias que ocurren, para engañar y maquillar sus acciones, ó los de sus aliados (Irán, Siria, Libia, Palestina), quizás por falta de una autoestima sana, por un profundo sentimiento de inferioridad y un antinacionalismo solapado.

       Somos maltratando los venezolanos y extranjeros, por el simple hecho de ser de oposición. Los políticos, estudiantes y el ciudadano común y corriente, por manifestar y expresar  desacuerdo con la mala forma de administrar los recursos económicos de la nación se nos persigue, encarcela ó se nos abre procesos judiciales ó difamatorios, buscando el descrédito y el escarnio de la población.

       Los presidentes latinoamericanos deben darse cuenta de la realidad del gobierno venezolano, ya pasó de la retórica a la práctica. Instrumentar una ley que permite el porte y uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es un hecho público y notorio, que estamos seguros la Organización de los Estados Americanos (OEA) está en conocimiento, pero le resta importancia porque hasta el presente no ha ocurrido un hecho que lamentar, de llegar a suceder, de muy poco servirán sus declaraciones de rechazo y repudio, cuando hicieron poco ó nada para impedirlo.  

       No nos queda más, que pedir la solidaridad y colaboración de los ciudadanos y hermanos del continente, que organizados presionen a sus gobernantes, con manifestaciones pacíficas para lograr que los Venezolanos volvamos a vivir en un territorio de Progreso, Paz y Prosperidad.



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