El Secuestro de un país

El espacio marítimo de Venezuela es el área que se extiende desde sus costas hacia el mar, hasta los límites establecidos por la legislación internacional. Dicha área está compuesta por el mar adyacente a las costas continentales venezolanas y de sus islas, así como también el lecho y subsuelo de sus áreas marinas, sus recursos vivos y minerales y sobre su espacio aéreo marino, sobre el cual Venezuela ejerce soberanía en distintos grados: aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo de la plataforma continental.

Venezuela posee una superficie continental e insular de 916.445 km², de los cuales 915.169 km² corresponden al territorio continental y 1.276 km² a los territorios insulares.¹ lo que no incluye 98.500 km² de plataforma continental,² espacio geográfico incorporado por primera vez al territorio nacional en la Constitución del 23 de enero de 1961.

Recientemente un diputado de la Asamblea Nacional venezolana, solicitó en una plenaria (A.N.), una investigación e interpelación de un ministro del gabinete ejecutivo  para conocer que estaba haciéndo el gobierno venezolano con respecto a las pretensiones del gobierno de Guyana de extraer petróleo de la plataforma continental venezolana. Dicha solicitud fue negada por la bancada oficialista (PSUV), primero por tratarse de la propuesta de un diputado No-Oficialista, segundo porque los temas de interés nacional, lo maneja el Presidente Nicolás Maduro al estilo de un fundo personal como si fuese Juan Vicente Gómez.

 

La nación venezolana sí se encuentra bajo la amenaza de perder parte de su territorio, situación que no es nueva, pero que hoy en día es más vulnerable, motivado a las maniobras políticas que hacen los personeros del gobierno por mantenerse en el poder, lo cual crea una inestabilidad a la hora de ejercer soberanía en las areas más alejadas de la capital venezolana. 

Guyana desde hace varios años ha sido hábil en su relación con Venezuela, primero recibiendo beneficios económicos por parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través de convenios como Petrocaribe y otros, luego al ir poco a poco, usufructuando parte del territorio en Reclamación, asunto que viola la normativa establecida legalmente, puesto que se estableció en acuerdos firmados en la Haya, que no podía hacer uso del Territorio en Reclamación como parte de su territorio nacional hasta no finiquitar o concluir las conversaciones bilaterales de buena voluntad. 

El hecho de Guyana ceder parte del territorio en Reclamación venezolano para la instalación de una base  aeroespacial, y la muy baha protesta del gobierno venezolano, ha contribuido a que en esta oportunidad una importante petrolera británica, se encuentre en el presente realizando labores de exploración petrolera en aguas venezolanas, partiendo de un errónea principio de la plataforma continental guyanesa.

Un poco de historia respecto a esto ayudará a entender.

En 1835 el Gobierno británico asignó a Robert Hermann Schomburgk la tarea de demarcar el límite occidental de la Guayana Británica con la ahora independiente Venezuela. Venezuela no aceptó la línea Schomburgk, que colocó toda la cuenca del río Cuyuní dentro de la colonia. Venezuela reclamó todas las tierras al oeste del río Esequibo como su territorio, en base a los límites de la Gran Colombia y los de la Capitanía General de Venezuela, derechos de los que es heredera de acuerdo al principio del Uti possidetis iure.

En 1897, el presidente de EE. UU. Grover Cleveland, utilizó la presión diplomática para que las partes aceptaran un arbitraje, el tribunal de arbitraje se reunió en París en 1898 sin representación de ningún venezolano, y emitió su laudo de 1899. El tribunal adjudicó alrededor del 94% por ciento del territorio en disputa a los británicos. Venezuela denunciaría años después el resultado del mismo como el producto sesgado de un acuerdo entre Rusia y el Reino Unido , decisión que además contenía vicios que lo harían totalmente nulo, entre ellos, exceso de poder (ver Ultra petita).

La cuestión se mantuvo de bajo perfil hasta 1962, cuando Venezuela renovó su reclamación, alegando que el laudo arbitral no era válido, y lo declaró nulo e írrito ante la máxima instancia internacional de la ONU, en vísperas del hallazgo de documentación encontrada tras la muerte de uno de los jueces que demostró como supuestamente la decisión del Tribunal Arbitral de 1899 estaba viciada de nulidad. El gobierno británico rechazó la alegación, afirmando la validez de la adjudicación de 1899. El Gobierno de Guayana Británica y, luego, bajo el liderazgo del PPP, también rechazó enérgicamente esta afirmación. No obstante, la contención venezolana fue admitida lo con conllevó a la firma del Acuerdo de Ginebra el 27 de febrero de 1966 entre Venezuela y el Reino Unido, en consulta del Gobierno local de su Guayana Británica (próxima a recibir la independencia), donde se reconoce la controversia territorial al oeste del río Esequibo.

El 26 de marzo 1966, cuando Guyana recibe la independencia de sus colonos, Venezuela reconoce al nuevo país pero sólo en su parte al este del río Esequibo, en concordancia a lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y que a partir de entonces lo sucedería la Guyana independiente para encontrar una solución satisfactoria para un arreglo práctico para ambas partes.

Adicionalmente, el 12 de octubre de ese mismo año, Venezuela ocupa la isla Anacoco, hecho que fue interpretado por la naciente Guyana como un acto de anexión y hostigamiento por parte del país vecino dado que consideraba que la parte oriental de la isla fluvial era parte de su territorio. Sin embargo, según Venezuela, la isla no estaba incluida dentro del área en disputa de la Guayana Esequiba (bajo administración guyanesa hasta que no se dilucide la controversia) por lo que siempre ha estado en posesión de ella.

Los esfuerzos realizados por todas las partes en cuestión para resolver el conflicto en la víspera de la independencia de Guyana en 1966 fracasaron. En la actualidad la disputa continúa sin resolverse, y está en manos de un delegado del Secretario General de las Naciones Unidas.

Como conclusión los nuevos diputados (2015) de la Asamblea Nacional les corresponderá defender legalmente la totalidad del territorio venezolano y recordar a los venezolanos que Rusia, no ha sido tan leal a Venezuela, como para que se gaste en ese país tantos miles de millones de dólares en compra de armas.

Para Contacto: juliocesar70000@yahoo.com  

A propósito de la próxima cumbre de Panamá 2015

Un análisis en retrospectiva de las decisiones de nuestros presidentes latinoamericanos

 

       Afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten comunicar nuestra opinión y punto de vista personal respecto a las decisiones de nuestros presidentes y las consecuencias que experimentamos los ciudadanos y nuestros hijos. Por esta razón expondré aquí la preocupación que me causa, el descubrir como ha venido avanzando desde hace varios años, el financiamiento de los grupos islámicos en las campañas políticas de nuestros presidentes.

       El financiamiento de candidatos y partidos políticos en sí no lo considero negativo, lo perjudicial viene a ser el compromiso tácito que adquiere el gobernante por haber recibido financiamiento económico y que más adelante, es retribuido con: contratos de obras por asignación directa, nacionalización de extranjeros, que no reunen los requisitos ó peor aún, exoneración de consecuencias judiciales de delitos, por injerencia de los gobernantes en las decisiones de los jueces y tribunales. 

       Desde 1989 en Argentina se ha denunciado el financiamiento de la campaña del ex-presidente Carlos  Menen, por grupos islámicos. Seguramente no ha sido el único, pero sí quizás uno de los primeros, lo cual influyó para que los posteriores presidentes sucumbieran a la tentación de aceptar dinero para sus campañas electorales.

       El lector de este artículo quizás dirá, que no solo los grupos islámicos, han financiado campañas eñlectorales en Argentina, también desde Venezuela el presidente Hugo Chávez, tuvo injerencia en las elecciones de ese país, a través de miles de dólares que hacía llegar a la presidenta Cristina kirchner para su campaña electoral, algo que tuvo mucho revuelo en Argentina, pero ninguna sanción, ni investigación en Venezuela. Precísamente para esto sirve un Congreso ó Asamblea Nacional, dominado por una mayoría oficialista, que esconde los delitos del Poder Ejecutivo (Presidente y Ministros).

       Mi creciente preocupación se fundamenta en los comprobados hechos del atentado a la sede mutualista judía en Argentina, perpetrada por agentes iraníes, a los cuales no se les castigó con la justicia argentina, presuntamente por protección de la presidenta Cristina kirchner. La denuncia del fiscal argentino Alberto Nisman, recien fallecido o asesinado, apuntaba en esta dirección y su desaparición violenta lanza una cortina de mayor sospecha sobre el financiamiento de grupos islámicos fundamentalistas, que tratan de generar violencia hacia los ciudadanos judíos en América Latina.

       Venezuela, siempre se ha caracterizado por ser hospitalaria, solidaria y respetar a todos los ciudadanos extranjeros y nacionales. De unos años al presente, esta práctica ha cambiado, por lo menos a nivel de política del gobierno de turno, en ofender a la nación, ciudadanos y el gobierno de Israel, hasta el punto de expulsar al embajador de Israel en Venezuela. Que recordemos no ha ocurrido, en ningún otro momento con ningún otro embajador.  

       Como venezolanos, debemos solidarizarnos con las que en realidad son las víctimas de hechos de violencia, no con los perpetradores de hechos terroristas.

       Los medios oficialistas venezolanos se han encargado de manipular las noticias que ocurren, para engañar y maquillar sus acciones, ó los de sus aliados (Irán, Siria, Libia, Palestina), quizás por falta de una autoestima sana, por un profundo sentimiento de inferioridad y un antinacionalismo solapado.

       Somos maltratando los venezolanos y extranjeros, por el simple hecho de ser de oposición. Los políticos, estudiantes y el ciudadano común y corriente, por manifestar y expresar  desacuerdo con la mala forma de administrar los recursos económicos de la nación se nos persigue, encarcela ó se nos abre procesos judiciales ó difamatorios, buscando el descrédito y el escarnio de la población.

       Los presidentes latinoamericanos deben darse cuenta de la realidad del gobierno venezolano, ya pasó de la retórica a la práctica. Instrumentar una ley que permite el porte y uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, es un hecho público y notorio, que estamos seguros la Organización de los Estados Americanos (OEA) está en conocimiento, pero le resta importancia porque hasta el presente no ha ocurrido un hecho que lamentar, de llegar a suceder, de muy poco servirán sus declaraciones de rechazo y repudio, cuando hicieron poco ó nada para impedirlo.  

       No nos queda más, que pedir la solidaridad y colaboración de los ciudadanos y hermanos del continente, que organizados presionen a sus gobernantes, con manifestaciones pacíficas para lograr que los Venezolanos volvamos a vivir en un territorio de Progreso, Paz y Prosperidad.

Nuevas noticias desde el CNE

Ayer recibimos la información oficial que fue rechazada ó negada nuestra solicitud de inscripción como organización con fines políticos (Partido) regional del Estado Portuguesa por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La funcionaria con la que conversamos explicó que, ella sí conoce los motivos de la decisión, pero no está autorizada a suministrar la información, por lo cual nos comunicó que compráramos la Gaceta No. 737, donde el CNE explica los motivos para dicha decisión.

Afortunadamente eso no es todo, tenemos oportunidad de volver a realizar una nueva solicitud, tomando en cuenta, las observaciones por las cuales fue negada la primera solicitud.

No nos desanimamos, tenemos fe en Dios, que más temprano que tarde seremos constituido como un partido político independiente en el Estado Portuguesa, y ser así, una opción positiva a los electores que consideren válidas nuestras propuestas.

Esperamos contar con el visto bueno de los amigos y conocidos a quienes les solicitaremos muy pronto, su firma en apoyo a esta iniciativa y propuestas del trabajo social.

 

Para contacto: juliocesar70000@yahoo.com

Supuesta "Reventa" de petróleo venezolano a USA desde Cuba

Creo oportuno escribir sobre mi opinión personalísima sobre las nuevas relaciones diplomáticas entre los gobiernos de USA y Cuba.  

Felicito el acercamiento y el pragmático fin del embargo económico del gobierno norteamericano sobre Cuba, porque al fin de cuentas, quienes más lo sufrieron, fueron precisamente los ciudadanos cubanos, y no sus gobernantes (Fidel y Raul). 

La serie de medidas económicas decididas por el presidente Obama, desmontan el bloqueo económico, sin crear controversias internas en su país y luego de supuestamente beneficiarse el gobierno de USA, (según fuentes que no puedo confirmar, pero tampoco descarto del todo) de la "venta secreta"  de petróleo venezolano por el gobierno de Cuba.  De comprobarse esta supuesta operación comercial de la reventa de petróleo venezolano suministrado a Cuba, según acuerdo de Petrocaribe para uso interno en el país receptor.

De ser positiva esta denuncia, la Asamblea Nacional Venezolana debe ordenar al Ejecutivo Nacional, a saber, el Presidente Nicolás Maduro, suspender totalmente el suministro de petróleo a Cuba, en caso de que el presidente de la República se negare a la orden del Legislativo Nacional, incurriría el Presidente Maduro en desacato a la Ley, La Constitución Nacional, y los estatutos internos de Petrocaribe.

      

Derechos Humanos, nuestra Propuesta y Visiòn

Derechos Humanos

La educación en derechos humanos implica no sólo enseñar, y aprender los derechos humanos sino también vivir en pro de los derechos humanos;

su función primordial es dar a las personas los medios necesarios para defender sus propios derechos, y el de los demás. Ello constituye una importante inversión para el futuro que tiene como fin lograr una sociedad justa en la que se valoren y respeten los derechos humanos de todos.

A través de Gente de Primera se alienta a los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, Asociaciones de  profesionales, a todos los sectores de la sociedad civil y a los particulares, a establecer acuerdos de colaboración y a aunar sus esfuerzos en la educación de los derechos humanos, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas.

El disfrute de los derechos humanos es responsabilidad de todos nosotros y su logro depende exclusivamente de las aportaciones que cada uno esté  dispuesto a hacer.

Nuestra Visión en la Asamblea Nacional a partir de ser electo Diputado será:

Derecho a la Alimentación

                        1. Proponer, Desarrollar y Aprobar  políticas para disminuir la in­flación en los rubros alimenticios como parte de un plan general de compensación social frente a la aplicación de medidas económicas de carácter macroeconómico, garantizando su abastecimiento y acceso a todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

                        2. Instrumentar nuevas líneas de fortificación de alimentos, suplementación de nutrien­tes y formulación de nuevos alimentos es­tratégicos.

                        3. Incorporar en los programas de estudio del sistema de educación formal la Guía de Apoyo para la Formación de Hábitos Ali­mentarios Saludables.

                        4. Vigilar el cabal cumplimiento de la Ley de Protección a la Lactancia Materna.

                        5. Promover y agotar todos los mecanismos al alcance de la Asamblea Nacional para propiciar el diálogo entre el sector agroproductivo público y priva­do, a objeto que se impulse la producción nacional, y se disminuya la dependencia de las importaciones de alimentos.

Derecho al Ambiente Sano

                        1. Suministrar información oficial oportuna a objeto de facilitar la labor de contralo­ría de las organizaciones sociales y de las comunidades indígenas sobre los impactos al ambiente de los planes de desarrollocontenidos en el Plan Patria 2013-2019.

                        2. Fortalecer la capacidad del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para hacer una eficaz supervisión y control de las acti­vidades, reforzar los programas de control de contingencias, y capacitar al personal en temas de valoración, evaluación y ges­tión ambiental.

                        3. Desarrollar programas de gestión integra­da de los residuos sólidos, fortalecer las instituciones y procesos necesarios para hacer más eficiente la gestión de los dese­chos.

                        4. Definir un plan nacional ambiental de mi­tigación de los riesgos ante los efectos del cambio climático.

Derecho a la Educación

                        1. Aplicar los correctivos necesarios para fre­nar el descenso en la tasa de crecimiento de la educación inicial.

                        2. Mejorar las condiciones laborales y de profesionalización del cuerpo docente.

                        3. Impulsar un plan de construcción y man­tenimiento de la infraestructura física, ambiental y de seguridad de los planteles educativos, particularmente de educación primaria y media.

                        4. Incentivar y jerarquizar la carrera docente, fundamentalmente en aquellas disciplinas donde se diagnostiquen déficits. Elaborar sobre la base de investigaciones cualitati­vas realizadas en el país, un plan nacional de formación docente, con perspectiva de derechos humanos, para lograr que la edu­cación sea aceptable y adaptable a la diver­sidad social del país.

                        5. Garantizar la publicación y acceso a los informes de gestión del Ministerio de Edu­cación, así como de los diferentes indica­dores las políticas públicas desarrolladas en el área, lo cual puede convertirse en un ejercicio pedagógico para un mayor invo­lucramiento de la comunidad mediante el ejercicio de la contraloría social.

Derechos Laborales

                        1. Respetar el derecho a la contratación co­lectiva mediante la activación, discusión y firma de las convenciones colectivas ven­cidas principalmente en las instituciones y empresas del Estado.

2. Respetar plenamente el derecho a la liber­tad sindical, poniendo fin a las medidas administrativas y judiciales que la obsta­culizan.

3. Garantizar el cumplimiento de la Ley Or­gánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), especialmente por parte de los organismos y empresas del Estado, en materias tales como: La indem­nización por despido, el pago de prestacio­nes sociales y la incorporación del perso­nal tercerizado a nómina fija.

4.Reconocimiento del mecanismo de diá­logo social tripartito entre trabajadores, trabajadoras, entes empleadores del sector público y privado, y el Estado, establecido por la Organización Internacional del Tra­bajo (OIT), en temas como la fijación del salario mínimo y el diseño de las política públicas laborales, especialmente para mi­tigar la pérdida del poder adquisitivo del salario real, adoptando medidas eficaces para el control de la inflación.

5.Investigar de manera pronta, eficaz y trans­parente los asesinatos de sindicalistas, tra­bajadoras y trabajadores a manos del sica­riato o con motivo de hechos de violencia asociados a la actividad sindical, así como determinar a los culpables e imponer san­ciones a sus responsables.

Derecho a la Salud

                        1. Aumentar el porcentaje del PIB destinado al sector salud y garantizar un presupuesto adecuado para fortalecer el sistema públi­co de salud.

                        2. Mejorar las condiciones laborales y de profesionalización de los distintos gremios que integran el sector salud, garantizar un salario digno y otros beneficios sociales a los profesionales y técnicos de la salud sin discriminación de ninguna especie, e ini­ciar con estos la discusión de sus contra­taciones colectivas vencidas y el cumpli­miento de las vigentes.

                        3. Impulsar un plan de expansión, recupera­ción y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria nacional, y ampliar la cober­tura y prestación de servicios de la Misión Barrio Adentro, y del sistema hospitalario nacional, para fortalecer el enfoque inte­gral de atención pública en salud.

                        4. Convocar a un amplio diálogo con todos los actores del sector salud a fin de concer­tar un proceso de integración democrática y descentralizada del Sistema Público Na­cional de Salud.

                        5. Desarrollar planes de prevención, vacuna­ción, tratamiento, control de enfermeda­des, así como el abastecimiento y acceso a medicamentos. Asimismo, divulgar opor­tunamente los Boletines Epidemio-lógicos del MPPS.

Derecho a la Seguridad Social

                        1. Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participa­ción de los sectores interesados, apro­bando definitivamente las leyes que re­gularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

                        2. Promover la implementación y funcio­namiento de la institucionalidad del Sis­tema Nacional de Seguridad Social.

                        3. Fiscalizar que los entes públicos sol­venten la alta morosidad que tienen con el IVSS.

                        4. Continuar con la política de ampliar la universalidad de la cobertura del siste­ma de pensiones hasta cubrir a todas las mujeres y hombres mayores de 55 y 60 años de edad, respectivamente.

Derecho a la Tierra

                        1. Convocar a una Mesa de Diálogo Nacional Agropecuaria, que incluya a todos los sec­tores involucrados (campesinos, produc­tores pequeños y medianos; la agroindus­tria, los gremios empresariales, facultades de agronomía, expertos ambientalistas y agrícolas, y los organismos públicos invo­lucrados en la gestión de la política agra­ria) para analizar y evaluar los resultados e impactos de la acción gubernamental, con miras a lograr consensos que contribuyan al desarrollo rural integral.

                        2. Garantizar la transparencia y el cumpli­miento del debido proceso en los casos de rescate y regularización de tierras, y la indemnización oportuna de las tierras expropiadas.

                        3. Estimular y apoyar a los productores de aquellos rubros agrícolas necesarios para garantizar la seguridad alimentaria de la población, estableciendo un sistema de apoyo y supervisión técnica, y otorga­miento de créditos con control y acom­pañamiento para pequeños productores y cooperativas a partir de las experiencias exitosas existentes en este campo, limitan­do progresivamente las importaciones de alimentos a lo estrictamente necesario para abastecer el consumo nacional.

4.Paralizar la implementación de la propues­ta de crear “milicias campesinas”, “cuer­pos campesinos combatientes” o cualquier otra organización similar, por ser contraria a los principios constitucionales y legales que garantizan la exclusividad del Estado en la garantía del derecho humano a la se­guridad, en este caso de la vida, integridad y seguridad de los campesinos afectados por la violencia.

5.Asegurar que el Ministerio Público acelere las investigaciones de los asesinatos y vio­laciones a los derechos humanos denun­ciados por las organizaciones campesinas; y que garantice la no criminaliza-ción del movimiento campesino involucrado en el proceso de rescate de tierras y lucha contra el latifundio.

Derecho a la Vivienda

                        1. Incorporar a todos los sectores, incluyendo especialmente a las comunidades sin vivien­da, en el diseño y ejecución de las políticas de la Gran Misión Vivienda Venezuela con objetivos definidos y consensuados para el corto, mediano y largo plazo.

                        2. Jerarquizar la reubicación de las familias que viven en zonas de alto riesgo y crear un plan nacional de mitigación de los efectos del cambio climático.

                        3. Fiscalizar la correcta aplicación de la Ley de Refugios Dignos, asegurando el disfrute de los derechos humanos a las personas ha­bitantes de los mismos.

                        4. Colocar toda la información relativa a la Gran Misión Vivienda Venezuela como de acceso público, permitiendo la contraloría social de los proyectos habitacionales y el proceso de adjudicación de las viviendas.

                        5.Garantizar que los proyectos de vivienda ejecutados por el sector público y privado, cumplan con condiciones de habitabilidad en cuanto a la calidad de los materiales em­pleados para su construcción, y a la disponi­bilidad de servicios públicos de agua pota­ble, aguas servidas, transporte, electricidad.

Derechos Civiles y Políticos

Derecho al Asilo y Refugio

                        1. Continuar fortaleciendo la Comisión Na­cional para los Refugiados para que ésta agilice el trámite de la documentación que acredita a los solicitantes de refugio como refugiados.

                        2. Diseñar y ejecutar planes integrales de desarrollo en los estados fronterizos, con participación de la población local y de la población en condiciones de refugio, para elevar las condiciones de vida y la integra­ción de toda la población.

                        3. Respetar el derecho a asilo y refugio abste­niéndose de adoptar medidas que violenten el principio de no devolución y garantizar el debido proceso en los casos de solicitu­des de devolución por parte de los Estados.

                        4. Ejecutar planes de seguridad integral en las zonas fronterizas, con una perspectiva garantista de los derechos humanos que priorice la seguridad de las personas y sus bienes y prevenga toda clase de violencia en contra de la población, en particular de los grupos más vulnerables.

Derecho a la Integridad Personal

                        1. Crear un programa nacional descentra­lizado para la rehabilitación integral de víctimas de tortura y la creación de un Fondo Nacional de Indemnización, e im­plementar un programa de capacitación a funcionarios de la Medicatura Forense en la identificación de signos de tortura y su documentación.

2.Velar por el estricto cumplimiento de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sancionando a los funcio­narios que incurran en los delitos allí tipi­ficados.

3.Discutir y aprobar el Reglamento de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, garantizando que el mismo no desmonte los avances de la ley.

4.Garantizar la publicación de estadísticas públicas específicas y desagregadas por tipo de delito, ubicación geográfica, carac­terización de la víctima y de los victima­rios, por parte de las instituciones guber­namentales.

Derecho a la Justicia

                        1. Garantizar la independencia del Poder judicial, preservando la autonomía en la toma de decisiones judiciales que afecten a las altas autoridades del Estado, así como la autonomía presupuestaria.

                        2. Cumplir con la normativa constitucional referente a la organización de concursos públicos de oposición para la designación de jueces y juezas, y de los procesos de destitución para fortalecer la independen­cia del Poder Judicial.

                        3. Desarrollar políticas e implementar medi­das urgentes para garantizar el acceso a la justicia y adoptar medidas para la disminu­ción del retardo procesal y para la adminis­tración pronta y oportuna de los mecanis­mos de administración de justicia.

                        4. Revertir el retiro de las competencias de la Corte Interamericana de los Derechos Hu­manos, dando efectivo cumplimiento a sus decisiones.

                        5. Realizar las actuaciones necesarias para prevenir y erradicar la impunidad, espe­cialmente en los casos en que miembros de los cuerpos armados del Estado se encuen­tran involucrados en delitos.

Derecho a la libertad de expresión e información

                        1. Desarrollar una política democrática y transparente de asignación de frecuencias de radio y televisión, con la cual se garanti­ce que la ciudadanía acceda a información plural.

                        2. Promover una política de Estado que garan­tice el acceso a la información de carácter público a todas las personas de forma opor­tuna y adecuada. Esta política debe incluir una campaña de sensibiliza-ción para la ciu­dadanía y el funcionariado sobre el derecho humano a la información.

                        3. Eliminar la legislación que contempla el vilipendio y la difamación como delitos pe­nales y legislar para que las sanciones por los abusos en materia de opinión sean de carácter civil.

                        4. Continuar con la promoción del periodismo ciudadano a través de políticas públicas di­rigidas a garantizar la igualdad de oportuni­dades para todas las expresiones de pensa­miento y que las líneas informativas de los medios comunitarios gocen de autonomía editorial frente al gobierno de turno.

                        5. Promover una política de Estado que garan­tice el ejercicio de la labor periodística en un ambiente libre de amenazas y violencia.

Derecho a la libertad personal

                        1. Descartar la realización por parte de los organismos de seguridad, en especial Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos policiales, de operativos de seguridad bajo la modalidad “redada” o “madrugonazos”, las cuales producen detenciones masivas y arbitrarias de ciudadanos inocentes.

                        2. Tomar las medidas necesarias para garan­tizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad en los retenes y otras dependencias administrativas asegurando que las personas no permanezcan más de 48 horas detenidas en sus instalaciones.

                        3. Garantizar la efectividad del habeas cor­pus y sancionar adecuadamente a las au­toridades que no cumplan con el mandato judicial.

                        4. Investigar y sancionar los casos de desa­parición forzada y cumplir sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma­nos sobre caso desaparecidos de Vargas.

Derecho a la manifestación pacifica

       1. Garantizar el cumplimiento por parte de los organismos de seguridad del artículo 68 de la Constitución el cual prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas.

                           2. Establecer responsabilidades penales y ad­ministrativas a aquellos funcionarios que han incurrido en el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifesta­ciones pacíficas.

       3. Garantizar la seguridad y la protección a la integridad personal de quienes participen en manifestaciones pacificas, sin discrimi­nación de ningún tipo.

       4. Garantizar igualdad de trato y no discrimi­nación para la realización de concentracio­nes y movilizaciones, eliminando las nor­mativas que establecen la necesidad que las manifestaciones pacíficas cuenten con el aval o permiso de las autoridades. 

           5. Derogar las normas contenidas en distintos instrumentos legales orientadas a crimina­lizar la protesta social.

Derecho a la Participación

                         

                        1. Los funcionarios públicos deben garanti­zar el derecho a la participación sin nin­gún tipo de discriminación de todas las personas en todos los ámbitos de la fun­ción pública.

                        2. Hacer cumplir el marco legal especifican­do las limitaciones de los funcionarios públicos para participar en actividades proselitistas.

                        3. El órgano electoral debe garantizar la equidad en campañas electorales, penali­zando el ventajismo.

                        4. Eliminar de las leyes la obligatoriedad y condicionamiento de participación a la construc-ción de un Estado Comunal ya que contraría los principios y preceptos de la CRBV y crea una modificación y alteración medular que atenta contra la estabilidad y mantenimiento del estado de Derecho y el sistema democrático vene­zolano.

                        5. Revisar y modificar la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodetermina­ción Nacional ya que criminaliza y atenta contra el derecho a la participación polí­tica y social al catalogar cualquier acti­vidad política de lo/as ciudadanos como inherente a los partidos políticos.

Derecho a la Seguridad Ciudadana

                 1. Asegurar que los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad ciu­dadana sean de carácter civil, con una ade­cuada formación profesional y en derechos humanos.

    2. Diseñar de manera participativa programas de prevención en comunidades y focaliza­dos en población especialmente vulnerable a la violencia homicida. 

      3. Crear de un sistema de información pú­blico sobre las estadísticas referentes a la situación de criminalidad y violencia en el país.

      4.Investigar y sancionar a los funcionarios policiales y militares que hayan incurrido en violaciónes al derecho a la vida o a la integridad personal en el marco de operati­vos contra la inseguridad.

Derechos de las personas privadas de libertad

                        1. Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil en cantidad suficiente de acuerdo al número de personas privadas de libertad y debida­mente capacitado, que garantice la vida e integridad de las personas, respetando y salvaguardando sus derechos humanos.

                        2. Implementar planes para lograr el desarme de la población recluida a nivel nacional, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justi­cia, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio Público y la Defen­soría del Pueblo, entre otros organismos que puedan coadyuvar en el desarme de la población.

                        3. Concretar la construcción y activación de los nuevos establecimientos penitenciarios previstos, con personal y recursos suficien­tes para atender a la población que se en­cuentra privada de libertad.

                        4. Garantizar a las ONG de derechos huma­nos, organizaciones religiosas y volunta­ríos, el libre acceso a los centros peniten­ciarios, con la finalidad de desarrollar sus actividades de atención a las personas pri­vadas de libertad y participar de aquellas que el Estado promueva con el mismo fin.

                        5. Garantizar el castigo oportuno a los fun­cionarios civiles y militares involucrados en delitos de torturas, tratos o penas crue­les inhumanas o degradantes, así como en delitos vinculados al tráfico de drogas y armas a la población que se encuentra pri­vada de libertad.

Derecho a la vida

                        1. Crear políticas públicas dirigidas a preve­nir y tratar  los casos de violación al dere­cho a la vida.

                        2. Abrir una averiguación sobre los casos de muertes en enfrentamientos para proceder a la ejecución de las medidas judiciales perti­nentes y así adoptar las acciones necesarias para evitar este tipo de fallecimientos.

                        3. Afrontar la impunidad de las violaciones al derecho a la vida con iniciativas conjuntas del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, que permitan acele­rar las investigaciones y el desarrollo de los juicios para sancionar a los responsables.

                        4. Consolidar la iniciativa del Ministerio Pú­blico de proseguir la ampliación de uni­dades criminalísticas a nivel nacional con el Plan de Seguimiento de Casos sobre Violaciones de Derechos Fundamentales, y reactivar la publicación de estadísticas interrumpidas a partir del 2008.

5. Mantener una vigilancia estricta sobre la actuación de los funcionarios policiales, de seguridad y de la Fuerza Armada Na­cional, creando conciencia del respeto ab­soluto al derecho a la vida y la magnitud de las ejecuciones acaecidas en el país en el pasado reciente.

CONCLUSION

Le agradecemos que halla tomado el tiempo para leer este artículo del Blog GENTE DE PRIMERA, eso nos hace pensar que sí, le interesa la propuesta que estamos presentado a los portugueseseños, en especial a los residentes de Acarigua, Agua Blanca y San Rafael de Onoto, a quienes esperamos Dios mediante representar como Diputado a la Asamblea Nacional en las próximas elecciones del 2015.

OBSEQUIO DE FIN DE AÑO

Tenemos la disposición de enviarle por correo certificado a su hogar, un calendario del 2015, si usted así lo solicita a nuestro email: juliocesar70000@yahoo.com colocándonos su nombre, apellido, No. Cedula y teléfono, que son los requisitos que nos exige IPOSTEL, para enviar los almanaques o calendarios semejantes a estos: